Altamira: una caja de Pandora de 9 mil millones

El pasado 15 de agosto, el tesorero municipal de Altamira, Regino Vázquez Vega, realizó un “evento político” para presentar el pre-informe de la Tesorería Municipal, en el que participaron diversos funcionarios públicos. Hubo explicaciones, cifras, gráficas y un exagerado autoelogio. Curiosamente, en la prensa solo uno de esos servidores públicos ocupó los reflectores del boletín de prensa: el tesorero.

Hasta ahí, nada extraño. Cada funcionario tiene derecho a presumir sus resultados. El problema comienza cuando la propaganda empieza a disfrazarse de rendición de cuentas. Porque en política, como en los buenos trucos de magia, lo verdaderamente interesante no es lo que aparece sobre el escenario, sino aquello que desaparece mientras todos miran.

Y aquí aparece el famoso preinforme. El nombre es ingenioso: no es informe, pero tampoco es cualquier evento. Es una especie de informe en modo “por si acaso”. Si funciona políticamente, se convierte en precampaña; si alguien pregunta por su fundamento legal, siempre queda el recurso de decir que “solo fue un evento”.

La palabra suena solemne. Casi jurídica. Tiene ese perfume burocrático que hace pensar que detrás debe existir algún artículo, una fracción, un procedimiento y hasta una normativa constitucional. Pero no.

El “preinforme” no es una figura jurídica establecida expresamente en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas ni en la legislación estatal de fiscalización. Fue —eso sí— un truco para posicionar a Regino en la carrera para heredar la Presidencia Municipal.

Lo que sí contempla la ley es el Informe Anual del Ayuntamiento, el cual debe rendirse por conducto del presidente municipal sobre las decisiones adoptadas para ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo.

Dicho de otra manera: el preinforme ni siquiera como evento oficial puede darse por sentado, en virtud de que la ley no lo establece como una obligación, responsabilidad o función. Por tanto, ¿cómo se justificará el gasto presupuestal ejercido para realizarlo y difundirlo? Cuentas claras, señor tesorero.

Porque organizar un evento para presumir que se tienen finanzas sanas es relativamente sencillo, pero no es así, la ley prohíbe expresamente la promoción personal de servidores públicos con recursos gubernamentales. Por si no lo entiende, usted tesorero pudo haber cometido un delito tipificado en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero dejemos por un momento la semántica jurídico-administrativa y vayamos a las cuentas.

La nota periodística nos presenta un municipio con “finanzas sanas”, una recaudación predial extraordinaria y nada menos que 500 millones de pesos destinados a obra pública. Suena magnífico.

Tan magnífico que uno casi espera que en Altamira la obra pública aparezca espontáneamente por todos lados, como si viviéramos en McAllen. Sin embargo, existe un pequeño inconveniente: por donde uno ande en Altamira, no se ve la obra pública; en cambio, sí se ven baches, basura y sensación de inseguridad.

Si entramos a fondo -al análisis del informe de la tesorería municipal-, encontramos que el Presupuesto 2026 de Altamira asciende a 1,965 millones de pesos, en el cual se contempla que alrededor de 500 millones de pesos se destinen a inversión pública. Ello significa que menos de una cuarta parte del presupuesto está destinada al beneficio de la comunidad, mientras que las tres cuartas partes restantes —es decir, alrededor de 1,310 millones de pesos— corresponden a gastos “diversos”: esos que nadie sabe, nadie supo y nadie explica dónde terminarán.

Y precisamente es ahí donde los números comienzan a ponerse menos transparentes.

Los datos oficiales disponibles para 2025 muestran que, al cierre de octubre, el municipio había devengado tan solo 115 millones de pesos en inversión pública, de los 401 millones destinados para ese año. En otras palabras, en el décimo mes del año solo se había ejercido el 28.67% del presupuesto destinado a obra pública.

El dato no pretende acusar a nadie de nada. En ese momento todavía faltaban noviembre y diciembre para cerrar 2025. Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda:

¿Dónde terminaron realmente los 286 millones de pesos destinados a la inversión pública de 2025 que para octubre aún no se habían gastado?

Ya que andamos de cuentachiles, esta administración, electa por primera vez en 2021 y para un segundo periodo en 2024, lleva cinco años administrando el municipio de Altamira. Si sumamos sus presupuestos anuales, llegamos a la brutal cantidad de 9,443,196,679 pesos.

Y la pregunta inevitable es: ¿hacia dónde se fueron?

Uno de los discursos propagandísticos de la administración municipal en Altamira, es que sus funcionarios son los mejor calificados en Tamaulipas y que sus Cuentas Públicas obtienen dictamen positivo en la Contraloría Estatal y cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Esa narrativa, sin embargo, se cae estrepitosamente frente a los propios documentos oficiales de fiscalización. En 2025, la ASF reveló irregularidades en el manejo de recursos públicos del municipio correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Según el informe de auditoría, la administración municipal adjudicó contratos sin cumplir con los procedimientos normativos, lo que pudo derivar en responsabilidades administrativas y sanciones penales.

Prueba del manejo presupuestal discrecional aparece en al menos dos escándalos: uno provocado por Adolfo Latosfki Luna, quien acusó a la administración de establecer acuerdos “en lo oscurito” durante la campaña que, según su versión, no fueron cumplidos una vez electos.

El otro escándalo corresponde a las acusaciones difundidas por diversos medios de comunicación respecto de presuntos pagos de embutes a periodistas y líderes de colonia en la casa ubicada Tule 420, así como de bodas suntuosas y nepotismo.

Que quede claro, no se trata de cuestionar al tesorero por ser tesorero. Se trata de pedirle a cualquier responsable de las finanzas públicas que permita que sus propias cifras hablen. Sin maquillaje. Sin reflectores. Sin adjetivos. Sin manipulaciones periodísticas.

Y ahí está el verdadero asunto de este “preinforme”. No es que las cifras necesariamente sean falsas. El problema es cómo se presentan. Porque cuando un gobierno administra casi 9,500 millones de pesos, lo primero que NO debemos hacer los ciudadanos es aplaudir.

Al contrario, debemos preguntar:

¿Cuánto es el dinero que ha ejercido la administración municipal en cinco años? ¿Quiénes son los proveedores que más contratos han obtenido? ¿Cuánto dinero se ejerció para obra pública y cuánto para gastos administrativos? ¿Cuánto se gastó en promoción de la “buena imagen del presidente municipal” dinero conocido en el bajo mundo como Chayote? Y, finalmente, ¿qué fue lo que se construyó y resolvió?

Lo cierto es que los informes tienen la mala costumbre de que la retórica no coincida con los hechos. Los administradores cuentan lo que quieren que veamos y esconden los desvíos, los errores y las mezquindades.

Existe una diferencia elemental entre gobernar y presumir ser un buen gobierno. Gobernar significa que los números cuadren, que los contratos resistan una auditoría y que las obras puedan visualizarse. Lo demás es culto al ego y cajas de pandora.

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